REFLEXIONES SOBRE LA MOVILIDAD SOCIAL EN CLAVE INTERSECCIONAL
Jessica Corpas Figueroa, Responsable de Gestión de Proyectos, Colombia – Área de Desarrollo Global.
De un tiempo para acá, se escuchan interesantes reflexiones acerca de los desafíos de la movilidad social, como un proceso complejo y de largo aliento. En este artículo, comparto algunas inquietudes al respecto y la invitación a problematizar la movilidad social en perspectiva interseccional, pues como se sabe, aquellas poblaciones que portan diferentes rasgos de opresión (por origen rural o periferias urbanas, por pertenencia étnica, por migración, por género, entre otras) están más propensas al estancamiento de su condición socioeconómica.
Me interesa situar al término de movilidad social desde la categoría marxista de “clase social”, la cual ha perdido protagonismo para ser nombrada con eufemismos que suavizan las implicancias de la división de la sociedad en clases socioeconómicas. La clase socioeconómica sirve como herramienta de profundización de las desigualdades, en ningún caso es natural sino resulta de una intencionalidad concreta del ordenamiento de la sociedad; y por ello invito a que no se siga hablando de “pobres” sino de personas empobrecidas por un sistema organizado para ello, referir a las y los pobres hace parecer que la pobreza es una cuestión natural e inamovible y como dijimos, no lo es.
En las últimas décadas, el neoliberalismo y la expansión conservadora a nivel global han recrudecido modelos económicos extractivistas y sociedades cada vez más desiguales y polarizadas, así, el sector más empobrecido cada vez es mayor, y no se agranda el espectro del sector de más altos ingresos. En esa vía, se achica cada vez más la clase media, y con ello se minimiza la posibilidad de ascenso socioeconómico. Por ello, me resulta pertinente complejizar la mirada y preguntarnos ¿por qué pensarnos la movilidad social en clave interseccional como una apuesta por la transformación de las desigualdades?
Y entiendo que nos debemos un análisis profundo que permita una comprensión de este fenómeno más allá de la posición socioeconómica, el nivel de ingresos, salarios y situación laboral en términos generales, e incorporar diferentes perspectivas, como una mirada de género que tome como referencia los diferentes factores estructurales del ordenamiento patriarcal de la sociedad que limitan a las mujeres aún más para un ascenso en términos monetarios y socioculturales. Por ejemplo, para el acceso a empleos formales, a salarios dignos, a recursos monetarios estables y a posiciones directivas. Reconocer entre estos factores la imposición cuasi exclusiva del trabajo de cuidados no remunerado como una actividad supuesta y falsamente “natural” de las mujeres por el hecho de serlo. Con ello el capitalismo saca una doble ventaja del trabajo de cuidados realizado mayoritariamente por las mujeres: por una parte, la explotación de mano de obra calificada sin ningún reconocimiento económico o simbólico; y por otra, la garantía del trabajo de cuidados exclusivamente en el ámbito doméstico, eliminando la responsabilidad de los gobiernos y la sociedad en esta actividad.
Otra perspectiva tiene que ver con lo generacional, si ponemos la lente en la situación de las y los jóvenes, es latente la desesperanza en un futuro mejor, lo cual no es solo una impresión, se trata de las cada vez más escasas posibilidades de acceder a una educación con calidad, a empleos formales bien remunerados en el presente y ni hablar del desalentador pronóstico de que a futuro no se consiga una jubilación. Las y los jóvenes en sociedades con economías emergentes y altamente desiguales se enfrentan a serios problemas para insertarse en el mercado de trabajo, en concordancia con sus deseos y proyectos de vida. La falta de oportunidades y de recursos para la formación, se convierten en factores que comprometen el presente y el futuro de una generación que encuentra en la informalidad casi que la única vía de acceso a ingresos.
En la perspectiva de movilidad social de poblaciones afrodescendientes o indígenas en sociedades como las latinoamericanas o caribeñas, nos encontramos con un panorama muchísimo más complejo: en términos generales ocupan escasísimos peldaños en diferentes ámbitos de representación, poder y prestigio. No están garantizadas las condiciones mínimas para una vida digna en sus territorios de origen, como consecuencia de una ausencia o deficiencia grave de políticas públicas (carencia de agua, sistemas de alcantarillado y saneamiento básico, déficit de escuelas e instituciones de enseñanza media y superior, falta de conectividad, deficientes vías), lo que se suma a conflictos entre grupos armados y lógicas de saqueo de los bienes comunes de la naturaleza. Asimismo, en los centros urbanos son poblaciones que habitan las periferias y deben conciliar su lucha por la subsistencia digna, con el racismo estructural arraigado en la sociedad.
Y si referimos a la perspectiva de la población migrante, se evidencia un agravamiento de la situación por estatus migratorio que incide directamente en la posibilidad de acceder a los derechos mínimos de la humanidad como la identidad, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. El no contar con la situación migratoria regularizada, pone a esta población en un limbo de ciudadanía que les impide acceder a servicios y también validar sus conocimientos y experiencia en determinados ámbitos de la vida (educativo, laboral, comunitario, etc.). Son las poblaciones migrantes empobrecidas, las que entran a ocupar espacios de trabajo por lo general en la informalidad, con remuneraciones paupérrimas y con una carga de explotación y discriminación duplicada con respecto al resto de la sociedad y en condiciones de vida que limitan ampliamente su posibilidad de cambiar de posición socioeconómica.
Esta multiplicidad de cargas de opresión que se conjugan en la población y que demandan de análisis profundos e interseccionales a la hora de abordar la realidad social y en concreto de comprender las posibilidades o imposibilidades de movilidad social o para no ir tan lejos, de la mejora o no de condiciones de vida, es uno de los desafíos principales a la hora de diseñar e implementar estrategias de abordaje y acompañamiento desde las organizaciones sociales con una apuesta por la justicia social y la transformación de condiciones de vida.
Por ello, es clave revitalizar la categoría de clase social como una herramienta de análisis de la realidad social, provista de por lo menos dos aspectos claves, según Mussot (2018): por una parte, se expresa en una desigualdad material o estructural, que refiere al escaso acceso a ingresos de la población para una vida digna, y también a la ampliación de la brecha de ingresos que se explica por una distribución desigual de estos, y por factores culturales y subjetivos. Y, por otra parte, refleja una desigualdad de oportunidades culturalmente discriminatoria, que se expresa en la marginación por aspectos como sexo/género, discapacidad, edad, racialidad, migración y nacionalidad, cuestiones vistas socioculturalmente como subalternas en la sociedad y a partir de las cuales la diferenciación social se traduce en discriminación. Dice la autora, que esto produce “un daño existencial extra que produce la desigualdad; no es visible, e incita al deterioro y menoscabo del bienestar subjetivo y relacional de quienes padecen la degradación social: les coloca en franca situación de exclusión social” (Mussot, 2018: 37).
La invitación es a revitalizar los análisis desde la categoría de clase social trascendiendo la relación sujeto – medios de producción e identificar que hay una conexión indisoluble entre las condiciones materiales para la vida con la pertenencia a un entramado sociocultural y poblacional. Esto se traduce en la posibilidad o no del goce de bienes materiales e inmateriales, con el acceso o no a derechos básicos, con las oportunidades concretas o no para los diferentes sectores poblacionales, con el establecimiento o no de redes sociales de apoyo que abran oportunidades; donde la autonomía, la libertad, la real posibilidad de elegir y la integridad cobran un papel central. Lo que propongo es una mirada interseccional de la clase social, como el punto base para comprender la movilidad social.
¿Y cuáles son las probabilidades de una movilidad social ascendente?
En un estudio publicado por la OECD en 2018, se hace un análisis multicausal y relacional de los factores que inciden en la posibilidad o en la imposibilidad de moverse de manera ascendente dentro del espectro socioeconómico a nivel global, aterrizando también por la situación entre países. Si bien se trata de una panorámica de esta situación previo a la pandemia por Covid-19 a nivel mundial, ofrece importantes hallazgos que vale la pena profundizar. A continuación, una gráfica que reporta el número de generaciones necesarias por cada país para que haya movilidad social ascendente:
En España se requieren cuatro generaciones para que haya movilidad social ascendente, por su parte en Colombia deben pasar once generaciones para una movilidad ascendente (OECD, 2018). Si bien es un hallazgo sumamente relevante, valdría la pena tener el registro de las particularidades de estas cifras por grupos poblacionales y por territorios dentro de cada país, dado que la diversidad histórica, geopolítica, socioeconómica y cultural hace que los resultados puedan ser incluso más desalentadores, refiriendo a Colombia puntualmente, como la situación de mujeres, jóvenes de diferentes orígenes socioeconómicos, poblaciones indígenas y afrodescendientes, o en territorios rurales y dispersos a nivel nacional.
Los siguientes datos del país, nos permiten poner en relieve las amplias desigualdades que perviven en Colombia entre lo urbano y lo rural. Para el 2022, la incidencia de pobreza monetaria fue de 36,6% y de la pobreza monetaria extrema fue de 13,8%, esta última refleja dos aspectos: el costo de la canasta básica de alimentos, y el costo de otros bienes y servicios. Al revisar los hallazgos en zonas urbanas y rurales dispersas, la desigualdad es aplastante en este indicador, pues en cabeceras municipales equivale a 11%, con respecto a los centros poblados y rurales dispersos donde se eleva al 23,3% (DANE, 2023).
Por su parte, la pobreza multidimensional involucra cinco dimensiones: 1) condiciones educativas del hogar, 2) condiciones de la niñez y la juventud, 3) salud, 4) trabajo, 5) acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Se consideran en esta situación a hogares que arrojen un índice ponderado de 33.3% o más de privaciones en estas cinco dimensiones. Los hallazgos a nivel nacional para el 2023 expresan que un 12,1% de hogares se encuentran en pobreza multidimensional, y al desagregarlo por cabeceras municipales un 8,3% de hogares se encuentran en esta situación, lo que contrasta con el 25,1% de hogares en centros poblados y rurales dispersos. Las dimensiones con mayor privación a nivel nacional son educación y trabajo (DANE, 2024).
De ahí la importancia de reconocer como altamente heterogéneos los procesos de movilidad social, pues depende de una serie de factores que facilitan el ascenso o mantienen la situación estanca. Factores como el nivel educativo de madres y padres, la calidad de las condiciones de salud y saneamiento de las familias, los entornos en donde se reside, el acceso a empleos formales de las familias y los propios, eventos fortuitos de la vida (enfermedades, nacimientos, desastres naturales, desempleos, etc.), acceso a oportunidades de empleos dignos, condiciones de género y sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados en las mujeres.
Desglosando estos factores, el informe OECD señala que en familias donde la madre y el padre han tenido un escaso nivel educativo y deficientes condiciones de sanidad y salud, las hijas y los hijos tendrán altísimas probabilidades de replicar las condiciones socioeconómicas de vida y por tanto mantenerse en los mismos circuitos de empobrecimiento. Muy por el contrario, las familias en las que madre y padre tienen alta formación educativa y buena condición de salud y sanitaria, sus hijas e hijos cuentan con elevadas probabilidades de mantenerse y superar su estatus socioeconómico.
En la línea de elecciones educativas y de formación de las y los jóvenes, Arianna Ranesi Murillo (2024) plantea que quienes enfrentan situaciones socioeconómicas desfavorables, están en una franca desventaja pues tienen condicionamientos socioeconómicos que no les permiten un cierto margen de flexibilidad que refleje sus verdaderos deseos e intereses a la hora de formarse. Por tanto, deben elegir una formación que esté acorde a sus posibilidades económicas, pensando en que sea rentable a futuro y sabiendo que la inversión en dinero y en tiempo que se haga es una inversión vital: se juegan el presente y el futuro socioeconómico propio y el de sus familias, por ende, no es una opción fallar. En palabras de Ranesi equivocarse es un privilegio.
Volviendo al informe OECD, en cuanto a la relación entre educación y acceso al trabajo en las familias, se explica que en aquellas en donde la madre y el padre tienen menor nivel educativo, sus posibilidades de conseguir un trabajo formal bien remunerado son mínimas, una relación que parece obvia, pero resulta clave ponerla de relieve que a menor nivel educativo de madre/padre, mayor informalidad e inestabilidad en el trabajo y por ende escasos los ingresos económicos familiares, lo que limita las oportunidades de mejora de condiciones de vida de las y los jóvenes. Se trata de un asunto estructural que se replica en las siguientes generaciones. Así, un/a joven en ese entorno familiar tendrá cuatro veces más probabilidades de no ascender en la escala socioeconómica de su país.
La situación familiar es determinante, pues la escasez de oportunidades educativas, laborales y escasez salarial de madres y padres incrementa la percepción de desesperanza con respecto a la mejora de condiciones de vida en las y los jóvenes, quienes no solo tienen limitado el acceso a servicios y derechos básicos, sino también a capitales culturales concretos como lo son: circuitos y redes sociales de apoyo que funcionen como trampolín a oportunidades, acceso y permanencia a escenarios de formación de alta calidad, conocimiento de idiomas, tecnologías e información relevante por ejemplo para acceder a becas, posibilidades de acceso y goce a escenarios culturales occidentales, disponer del tiempo y los recursos para acceder a espacios de recreación, deporte y esparcimiento, o la posibilidad de cuidar y tramitar la salud mental, entre otros aspectos. Y esto se agrava en países con alta desigualdad socioeconómica, como el caso de Colombia. Esta falta de oportunidades tanto formativas como de acceso al mercado formal de trabajo, se expresa en una menor participación de las y los jóvenes en la producción de rentas y en la escasa adquisición de ingresos.
Como se observa, son aspectos centrales que limitan el bienestar personal y familiar, ya que las personas no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas, y mucho menos proyectar sueños en términos de movilidad ascendente ni en educación, ni en ingresos, ni en salud. Viéndose así frustrada su posibilidad de moverse en el espectro socioeconómico global. Esto, a su vez, genera una conflictividad social que se mueve entre las deficientes políticas socioeconómicas para mitigar las desigualdades y una realidad cada vez más voraz que mantiene a las personas más empobrecidas en esa misma situación (suelo pegajoso al fondo) y también mantiene a las personas privilegiadas en su misma posición (techo pegajoso en la cima). Es algo así como un blindaje de clase social que, por una parte, limita de modo tajante a aquellos sectores con menos recursos para moverse de modo ascendente, y por otra, asegura un estatus de élite a quienes provienen de los sectores dominantes (OCDE, 2018). La siguiente infografía lo ilustra claramente:
Que en Colombia tengamos que esperar 11 generaciones para tener una movilidad social ascendente es por poco desolador. Los desafíos son enormes y pasan por cuestiones estructurales, de redistribución de la riqueza y del poder, y pasa también por cambios socioculturales para que quienes enfrentan mayores opresiones por diferentes razones sean sujetos de reparaciones colectivas y si se quiere acciones afirmativas que les permitan una inclusión real y digna en términos socioeconómicos y de reconocimiento en la sociedad. Se trata de una tarea de largo aliento, que no da más espera.
Referencias:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2024). Boletín Técnico Pobreza multidimensional en Colombia Año 2023. Consultado en https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2023.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2023). Pobreza monetaria, resultados 2022. Consultado en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
Mussot, María Luisa (2018). Intervención social en tiempos de neoliberalismo en América Latina. Trabajo Social 20 (2): pp. 19-52. Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Consultado en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/74304/71094
Organization for Economic Coperation and Development OECD (2018). A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Consultado en https://www.oecd.org/fr/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
Ranesi Murillo, Arianna (2024). Asumir riesgos académicos: ¿derecho o privilegio? La importancia de desarrollar programas de empleabilidad flexibles para jóvenes provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables. Consultado en https://www.nouscims.com/asumir-riesgos-academicos-derecho-o-privilegio/